La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado un resumen de sus actuaciones relacionadas con la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM) durante el mes de septiembre. En este resumen se destacan varios casos de exigencias administrativas por parte de distintos ayuntamientos en España.
En Vejer de la Frontera, en la provincia de Cádiz, el Ayuntamiento ha exigido a un operador de telecomunicaciones que justifique la instalación de fibra óptica, asegurando que cumple con la normativa urbanística y los usos del dominio público. A pesar de tener un plan de despliegue aprobado, la empresa debe demostrar la compatibilidad con las regulaciones vigentes.
Por otro lado, en Picassent, Valencia, se ha generado controversia ya que el Ayuntamiento considera que los ingenieros técnicos industriales no son competentes para firmar un proyecto de nave industrial. La CNMC ha instado a la administración local a justificar mejor esta restricción, demostrando la razón imperiosa de interés general que la respalda.
En Castelló, la Tesorería General de la Seguridad Social ha prohibido a los ingenieros técnicos industriales supervisar el mantenimiento de edificios, argumentando que no están capacitados para llevar a cabo estas tareas. La CNMC ha señalado que esta limitación debe ser debidamente fundamentada, recordando que las reservas profesionales deben estar respaldadas por razones de interés general.
Finalmente, en Sentmenat, Barcelona, el Ayuntamiento ha rechazado una comunicación ambiental de una empresa fabricante de velas y cirios, exigiendo una nueva notificación al reconstruir su taller. La CNMC ha respaldado esta medida, indicando que está en línea con la legislación vigente y se justifica en la protección de la seguridad pública y de los trabajadores.
Estos casos reflejan la importancia de garantizar la unidad de mercado y la libre competencia, al tiempo que se buscan equilibrar las exigencias administrativas con la simplificación de trámites y la reducción de cargas burocráticas. La CNMC continúa supervisando estas situaciones para asegurar un marco regulatorio transparente y eficiente en beneficio de la economía y los consumidores.
FUENTE