La Junta de Andalucía ha sido objeto de críticas por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) debido a ciertas restricciones impuestas en el ámbito de la formación y la seguridad industrial en la región.
En primer lugar, la CNMC ha cuestionado la exigencia de la Junta de Andalucía de que los solicitantes de ayudas públicas para formación online sean titulares de un centro de formación ubicado en la comunidad autónoma. Esta medida ha sido calificada como desproporcionada y discriminatoria, especialmente considerando que los servicios se ofrecen en formato online.
Otro punto de conflicto ha sido la obligatoriedad de que la formación de fumigadores en Andalucía se realice exclusivamente de forma presencial. El Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) ha impuesto esta restricción, la cual ha sido cuestionada por la CNMC por considerar que no se justifica adecuadamente en razones de interés general.
Además, la asignación automática de competencias en seguridad industrial en Andalucía ha generado controversia. La Consejería de Industria, Energía y Minas ha atribuido la aplicación de reglamentos a titulaciones universitarias sin evaluar los conocimientos académicos y la experiencia técnica de los profesionales, lo cual va en contra de los principios de necesidad y proporcionalidad.
Por último, se ha señalado que en la región de Murcia no existe un procedimiento para autorizar el retroquelado de vehículos no matriculados en España. Aunque se reconocen razones de interés general para imponer restricciones en este ámbito, se considera que las regulaciones en Andalucía y Madrid ofrecen alternativas más flexibles y eficientes.
En resumen, la CNMC ha puesto en tela de juicio diversas prácticas de la Junta de Andalucía en materia de formación y seguridad industrial, instando a revisar y modificar ciertas regulaciones para garantizar la unidad de mercado y promover la competitividad en estos sectores.
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