- Los enganches ilegales a la red o la manipulación de los contadores son prácticas ilegales que han ido en aumento en los últimos tiempos.
- El fraude perjudica a todos los consumidores, porque soportan solidariamente los costes de los impagos, y genera riesgos para la seguridad ciudadana.
- Las medidas proponen procedimientos comunes en las inspecciones, nuevos criterios de facturación y proteger a los usuarios afectados.
Las conexiones ilegales a la red o la manipulación de los contadores son prácticas ilegales que suponen un fraude para sistema eléctrico. Además de encarecer los costes para el resto de los consumidores, generan riesgos relacionados con la seguridad ciudadana.
La CNMC ha aprobado una propuesta normativa para actualizar y mejorar la regulación que lucha contra unas prácticas prohibidas que han aumentado en los últimos años. (INF/DE/149/25).
Entre otros, propone fijar unos procedimientos comunes de actuación para los distribuidores cuando realicen sus inspecciones. También aborda las actuaciones en caso de confirmarse el fraude y las comunicaciones entre los sujetos afectados.
Además, en aquellos barrios vulnerables donde los fraudes pongan en peligro la seguridad de las instalaciones y de las personas se implementarán planes de contingencia. Las medidas adoptadas, como los cortes del suministro, buscarán minimizar el impacto en los consumidores que pagan sus facturas y se prestará especial atención a los hogares con consumidores vulnerables.
Criterios de facturación
La CNMC aprobará mediante una resolución [1] los valores de potencia y horas de utilización de energía para facturar los importes derivados del fraude en los casos en que no puedan aplicarse criterios objetivos.
Los precios de peajes y cargos serán los correspondientes, según el tipo de consumidor. El coste de la energía será el regulado; es decir, el equivalente al coste de energía del PVPC.
Asimismo, se propone que los peajes y cargos se incrementen por un factor multiplicador. La CNMC y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cada uno en el ámbito de sus competencias, se encargarán de su aprobación.
Por su parte, los peajes de acceso y cargos, así como la energía, en el caso de que sea facturada por el distribuidor en los casos de detección del fraude, serán integrados en el sistema de liquidaciones reguladas. La energía asociada al fraude será declarada al operador del sistema (Red Eléctrica de España) como pérdidas por fraude para mejorar la transparencia de la información del sistema.
Esta propuesta de la CNMC es acorde a la Ley 24/2013, y podría ser articulada mediante una normativa con rango de real decreto.
[1] En el ámbito de desarrollo de la circular por la que se establece la metodología de cálculo de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución.
Los aspectos que deben regularse por parte de la CNMC se detallarán en resoluciones que complementen las circulares actualmente en proceso de revisión.
En el marco del desarrollo de la circular que establece la metodología de cálculo de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución, se incluirán las disposiciones pertinentes para abordar las problemáticas relacionadas con los enganches ilegales a la red y la manipulación de contadores.
Prácticas como los enganches ilegales y la manipulación de contadores constituyen actividades ilícitas que representan un fraude para el sistema eléctrico. Estas acciones, además de aumentar los costos para los consumidores legales, también generan riesgos para la seguridad pública.
Con el objetivo de combatir estas prácticas prohibidas que han experimentado un incremento en los últimos años, la CNMC ha propuesto una normativa actualizada que busca mejorar la regulación existente. Entre las medidas propuestas se encuentran la definición de procedimientos estándar para las inspecciones realizadas por los distribuidores, así como pautas para abordar situaciones de fraude confirmado y facilitar la comunicación entre las partes involucradas.
En áreas vulnerables donde los fraudes representen una amenaza para la seguridad de las instalaciones y las personas, se implementarán planes de contingencia específicos. Estas medidas, que pueden incluir cortes en el suministro, se diseñarán para minimizar el impacto en los consumidores cumplidos, con especial atención a los hogares con consumidores vulnerables.
En cuanto a los criterios de facturación, la CNMC emitirá una resolución para establecer los parámetros de potencia y consumo de energía que se utilizarán para determinar los montos derivados del fraude en casos donde no se puedan aplicar criterios objetivos. Los precios de peajes y cargos se ajustarán de acuerdo al tipo de consumidor, con el costo de la energía fijado conforme a la regulación vigente.
Además, se contempla la posibilidad de aplicar un factor multiplicador a los peajes y cargos, cuya aprobación estará a cargo de la CNMC y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Los peajes de acceso, los cargos y la energía facturada por el distribuidor en casos de fraude serán integrados en el sistema de liquidaciones reguladas, con la energía asociada al fraude declarada como pérdidas por fraude ante el operador del sistema para mejorar la transparencia del sistema.
Esta propuesta de la CNMC se ajusta a la legislación vigente y podría ser implementada a través de un decreto real. Los aspectos que requieren regulación por parte de la CNMC se detallarán en resoluciones complementarias a las circulares que actualmente están en proceso de revisión.
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