La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado la segunda fase del análisis de las operaciones por las cuales la naviera Baleària adquiere el control exclusivo de determinados activos de su competidora Armas. Esta adquisición, que fue notificada en octubre, ha generado preocupación debido a los posibles riesgos para la competencia en el mercado de transporte marítimo regular de carga rodada y pasajeros en diversas zonas geográficas.
En la primera fase del análisis, se han identificado riesgos significativos derivados de la elevada concentración que resultaría de estas operaciones. En particular, se destaca que una vez completadas, Baleària se convertiría en la única naviera en varias rutas, lo que podría llevar a la creación de un monopolio en dichos mercados.
En áreas como Alborán y Canarias, la operación permitiría a Baleària consolidar su posición como principal operador, con poca presión competitiva y en algunos casos como único prestador de servicios. En la zona del Estrecho, la situación se complica aún más debido a la superposición de operaciones con otra naviera, lo que podría reducir el número de empresas en el mercado de cuatro a tres, en caso de ser autorizadas.
Los riesgos para la competencia identificados incluyen posibles aumentos de precios, pérdida de calidad y reducción de frecuencias en ciertas rutas. Estos riesgos se ven agravados en aquellas zonas donde no existen Obligaciones de Servicio Público (OSP), ya que no se establecen tarifas máximas.
A pesar de los compromisos presentados por Baleària, la CNMC considera que estos no son suficientes para mitigar los riesgos identificados y que se requiere un análisis más profundo en la segunda fase. En este sentido, se examinará la modificación completa que estas operaciones causarían en la estructura del mercado, antes de tomar una decisión final.
El paso a la segunda fase no implica un veredicto definitivo, ya que la CNMC puede solicitar más información a los operadores y las partes interesadas pueden presentar sus argumentos en defensa de sus intereses legítimos. Finalmente, la resolución final podría autorizar las operaciones, imponer compromisos, establecer condiciones adicionales o incluso prohibir la concentración, en aras de preservar la competencia en el mercado.
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