El Gobierno de coalición ha presentado un escrito de disconformidad en el Congreso rechazando la tramitación parlamentaria de una proposición de ley de Podemos para que el Estado, a través de la SEPI, adquiera hasta un 51% del accionariado de Repsol. Según el Gobierno, esta medida supondría un coste aproximado para las arcas públicas de 8.960,7 millones de euros.
Esta propuesta ha generado un intenso debate en el ámbito político y económico, ya que la adquisición de acciones de una empresa privada por parte del Estado es un tema sensible y con implicaciones significativas. Por un lado, algunos argumentan que esta medida permitiría al Estado tener mayor control sobre una empresa estratégica para el país, garantizando la seguridad energética y protegiendo los intereses nacionales. Por otro lado, otros opinan que la intervención estatal en el mercado privado podría tener consecuencias negativas, como distorsionar la competencia y generar desconfianza en los inversores.
En cualquier caso, la decisión final sobre esta propuesta quedará en manos del Congreso, donde se espera un intenso debate y negociación entre los diferentes partidos políticos. Mientras tanto, Repsol y sus accionistas estarán atentos a cualquier desarrollo que pueda afectar la estabilidad y el futuro de la compañía.
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