El Servicio Canario de Empleo y la Junta de Comunidades de Castilla y León han sido objeto de críticas por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) debido a restricciones injustificadas en sus procesos administrativos.
En el caso de Canarias, se ha denunciado que el Servicio Canario de Empleo no da de alta a los centros de formación inscritos en el censo estatal en la plataforma «Asistente de Solicitudes de Formación de SISPECAN». Esta acción impide que dichos centros puedan solicitar ayudas para formar a desempleados de forma digital, lo cual ha sido considerado desproporcionado y carente de razones imperiosas de interés general por parte de la CNMC.
Por otro lado, en Castilla y León se ha prohibido que un ingeniero de minas firme certificados de eficiencia energética de viviendas. Esta exclusión profesional ha sido criticada por vulnerar los principios de necesidad y proporcionalidad establecidos en la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado.
La CNMC ha destacado que estas acciones son contrarias a la normativa de unidad de mercado y ha señalado que ya ha analizado restricciones similares en informes anteriores. Tanto el Tribunal Supremo como el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han abordado este tipo de reservas profesionales en el pasado.
Estas situaciones ponen de manifiesto la importancia de garantizar la libre competencia y el acceso equitativo a oportunidades laborales en el mercado, así como la necesidad de revisar y corregir aquellas prácticas que puedan limitar la participación de profesionales y entidades en la economía.
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